TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA ESCUELA AGROTÉCNICA
“LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN” – CASILDA.
En conmemoración del “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia” desde el Archivo Histórico de la Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martín” de Casilda (UNR) proponemos una reflexión sobre el plan sistemático de persecución a la cultura escrita durante la última dictadura cívico-militar.
En el año 1977, en nuestra escuela, la ocupación violenta no fue solo territorial, sino que también fue simbólica. Bajo el amparo del poder militar se tomaron edificios y se clausuraron espacios. Es más, en uno de los episodios más elocuentes de este avasallamiento, una de las bibliotecas fue vaciada a golpes de desprecio y sus libros fueron arrojados por las ventanas en un intento de disciplinar saberes. Se trató, sin dudas, de un gesto que no solo buscó someter a los cuerpos, sino también a las prácticas y a las palabras. La violencia se extendió al intento de ingresar a otro de los espacios destinados a la biblioteca, pero los embates fueron resistidos por el personal. De esta manera, donde antes se cultivaba el conocimiento se impuso el silencio como forma de dominio.
El 27 de octubre de 1977, a través de la Resolución Nro. 538, el Ministerio de Cultura y Educación resolvió distribuir a todas las instituciones educativas del país, incluida a la nuestra, el manual de “Subversión en el ámbito educativo (conozcamos a nuestro enemigo)”, conocido informalmente como el “documento Díaz Bessone” debido a quien se le adjudica la autoría y quien era, por aquel entonces, ministro de planeamiento nacional. Se trataba de una especie de instructivo para identificar a docentes o estudiantes que, según sus términos, podían ser considerados “subversivo” o estar siendo “cooptados por la subversión marxista”.
Asimismo, todos aquellos materiales didácticos, actividades y docentes que tendieran a generar en el estudiantado la reflexión crítica, la democratización de los conocimientos o valores como la solidaridad, la libertad y la participación se consideraban incompatibles con los objetivos del gobierno de facto y debían ser censurados, exonerados, encarcelados, desaparecidos y/o exiliados.
La política educativa implementada por la dictadura militar tendió al vaciamiento de los contenidos curriculares, redujo el presupuesto del área, impulsó la privatización de la educación pública y la transferencia de los servicios educativos a las provincias y municipalidades y militarizó la escuela. Es importante recordar que lo antedicho fue posible gracias a la complicidad de muchos integrantes de la población civil.
La existencia de ese plan pudo comprobarse a partir del hallazgo de documentación que había permanecido oculta en la sede del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) en Buenos Aires. El material encontrado puso en evidencia el circuito de prohibición y de persecución que se montó hacia libros, autores, autoras y editoriales y que funcionó con una conexión fuerte entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación.
La periodista Judith Gociol, coautora junto con Hernán Invernizzi de “Un golpe a los libros”, explica lo siguiente: “el funcionamiento de la censura era extremadamente simple, eficiente y prolijo. El criterio era: no se censura porque sí; porque fulano cae mal o porque es zurdo, porque es comunista o peronista combativo. Detrás de todo acto de censura de libros había una investigación del libro. Esos informes eran escritos por intelectuales, por profesionales, profesores de letras, abogados, sociólogos, antropólogos. Gente inteligente, capaz y preparada”.
Además, agrega que “(…) en líneas generales, deberíamos decir que tenían razón en lo que decían, no se equivocaban. Desde el punto de vista de los intereses de clase de la dictadura y de su proyecto ideológico, los libros que ellos identificaban como «peligrosos» o como representantes del pensamiento crítico, por decirlo de alguna manera, estaban correctamente identificados, no se equivocaban. Entonces, después, estos informes iban a la Dirección General de Publicaciones, en donde se tomaba la decisión política. No había ninguna improvisación, ningún capricho. Sabían muy bien lo que hacían”.
Por otro lado, el 25 de febrero de 1977, la Biblioteca “Constancio C. Vigil” fue intervenida convirtiéndose en un blanco principal de la destrucción cultural en Rosario. A tal punto que uno de los peores represores, Ramón Alcides Ibarra figuraba como “asesor pedagógico” mientras que los ocho miembros de su comisión directiva fueron detenidos. Además, dos de sus docentes, algunos asociados y el presidente de la asociación de padres de la escuela primaria se encuentran desaparecidos.
En este contexto, los militares saquearon la biblioteca y el fondo editorial, uno de los más importantes del interior del país, obteniendo así veinte toneladas de libros (cuatro toneladas más que en la famosa quema realizada por Hitler en 1933) con el objeto de quemarlas y destruirlas de diversas maneras.
A su vez, en la mañana del 26 de junio de 1980, trasladaron libros desde el depósito del Centro Editor de América Latina hasta un terreno baldío en Sarandí, en las afueras de Buenos Aires. Un millón y medio de ejemplares fueron quemados mientras que los directivos del Centro Editor tuvieron que actuar como testigos y, para completar la suma de perversiones, también debieron fotografiar la quema. Entre los hechos a destacar, los policías y militares allí presentes leyeron el acta y, luego, encendieron el fuego. Ricardo Figueira fue el encargado de tomar las fotos y la profesora Amanda Toubes actuó como testigo.
En la comentada salvaje operación, fueron incinerados casi todos los libros de la editorial, convirtiéndose en la quema más grande durante dicho gobierno de facto. Las fotografías se incorporaron a la causa como constancia del accionar policial, lo que permitió que quedara el registro del proceder inquisitorial de la dictadura.
En la actualidad, estos libros tienen otra historia para contar y la preservación documental adquiere hoy un sentido ético ineludible. Cada archivo resguardado es una forma de resistencia y cada memoria recuperada, una afirmación del derecho a pensar, leer y enseñar en libertad.
